Caso Crucitas

Resumen del Caso

Es un proyecto minero llamado “Crucitas”, localizado en la comunidad de Las Crucitas de Cutris, Cantón de San Carlos, provincia de Alajuela, a 95 kilómetros al norte de Ciudad Quesada, Costa Rica y aproximadamente a escasos 5 kilómetros de la ribera sur del Río San Juan, en Nicaragua.

Esta concesión para explotar minerales (oro, plata) se otorgó en diciembre del 2001, mediante Resolución Nº R-578-2001-MINAE, por un período de 10 años, en 305.9 hectáreas, a la empresa Industrias Infinito S.A., quién es subsidiaria de la transnacional canadiense Vanessa Ventures Ltd ahora conocida como Infinito Gold S.A.

La Secretaría Técnica Ambiental (SETENA) dispuso que se realizara una consulta al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en dos ocasiones, la primera en marzo del 2002, siendo un año después (marzo 2003) que esta autoridad niega la viabilidad ambiental a través de la Resolución Nº 272-2003.

La segunda consulta se llevó a cabo en julio del 2004, efectuándose una Audiencia Pública en la comunidad Coopevega, conforme a la Resolución Nº 831-2004. Sin embargo, hasta en agosto del 2005 mediante Resolución Nº 2237-2005, SETENA aprueba dicho Estudio y otorga en diciembre de ese mismo año, según Resolución Nº 3638-2005, la viabilidad ambiental condicionando a la empresa, el cumplimiento de algunos compromisos ambientales.

Posteriormente, en Diciembre del 2007 la empresa solicitó un Adendum al Estudio de Impacto ambiental aduciendo que el proyecto no tenía viabilidad económica únicamente con el oro que se encuentra en la Saprolita y que se requería del mineral que se encontraba en la roca dura, éste fue aprobado por SETENA en febrero del 2008, según Resolución Nº 170-2008, a fin de poder explotar el oro que está en la parte más profunda del yacimiento.

En octubre del 2008, el gobierno de Costa Rica emitió una Declaratoria de Interés Público y Conveniencia Nacional del Proyecto Minero Crucitas, a través de Decreto Ejecutivo Nº 34801-MINAET, donde se le permitía a la empresa Industrias Infinito, previa autorización de la oficina correspondiente del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el desarrollo de las obras de infraestructura en áreas de protección de quebradas y ríos donde se realizaría la tala de árboles (que incluían especies en veda como el almendro amarillo).

En la actualidad, la querella se encuentra encaminada fundamentalmente hacia distintas acciones legales que han sido efectuadas por parte de las organizaciones de Costa Rica y de incidencia en alianza tanto a nivel nacional como binacional en conjunto con otros organismos y movimientos sociales.

Jurídicamente, la Asociación Norte por la Vida (UNOVIDA) y el Frente Norte de Oposición a la Minería (FNOM) en la Zona Norte de Costa Rica, ambos miembros de la Alianza Centroamericana contra la Minería Metálica presentaron Recursos de Amparo ante la Sala Constitucional en contra de la decisión del poder ejecutivo de declarar de Conveniencia Nacional, la explotación minera en Crucitas.

Estos fueron aceptados y la autoridad judicial ordenó al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) y a la Secretaria Técnica Ambiental (SETENA) suspender cualquier permiso de tala de árboles emitida por la Subregión San Carlos, Los Chiles, a favor de la empresa Industrias Infinito S.A., lo que implica una suspensión a lo establecido en este decreto hasta tanto la Sala no resuelva en sentencia el recurso, o no disponga otra cosa.

En Nicaragua, las organizaciones tales como Centro Humboldt, Fundación del Río, pobladores, jóvenes ambientalistas, autoridades municipales del departamento de Río San Juan y el mismo gobierno nacional también han expresado su oposición rotunda a la construcción de esta mina que de ejecutarse, el gobierno de Costa Rica incumpliría con algunos tratados y convenios del derecho internacional que han sido firmados, ratificados y suscritos en materia ambiental por ambos países, entre ellos, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo , el Convenio de Diversidad Biológica, Convenio de Cambio Climático y Convención de Humedales.

Esto debido a que la mina se localizará a escasos 3 kilómetros del río San Juan y lo más preocupante radica en que esta red hídrica es considerada un puente biológico entre Norte y Suramérica. En ella se encuentran alrededor de 11 áreas protegidas con variados ecosistemas marinos, riberanos, lacustres, humedales, manglares y bosques tropicales.

Por lo que, esta zona forma parte de nuestro patrimonio natural, y las practicas de la minería de oro a cielo abierto no son compatibles con el desarrollo sostenible que se requiere para el Río San Juan", debiéndose evitar a toda costa que la voracidad de la inversión minera atenté contra la razón de vivir en un ambiente sano para las presentes y futuras generaciones.

Estas organizaciones nicaragüenses también han desarrollado distintas acciones de incidencia tales como foros debate, charlas, protestas en las fronteras, divulgación de pronunciamientos a nivel nacional e internacional, todo ello para incidir en la suspensión definitiva de la concesión minera.

El pasado 23 de septiembre del 2009, la Asamblea Legislativa aprobó una Resolución sobre las concesiones mineras en la cuenca del Río San Juan y el proyecto minero a cielo abierto Las Crucitas, en la cual se exhorta al Gobierno de Nicaragua a revisar las políticas de promoción y otorgamiento de concesiones mineras en la Cuenca del Río San Juan, adecuando la legislación vigente en esta materia para evitar la instalación y operación de empresas que puedan contaminar el ambiente y causar daños irreversibles en estos ecosistemas.

Asimismo solicita al Ejecutivo la cancelación inmediata de los trámites de solicitudes de permisos ambientales y concesiones mineras en la cuenca del Río San Juan. Además de solicitar a los homólogos costarricenses, a través de las instancias correspondientes, la revisión y derogación del Decreto en el que se declara de interés público y conveniencia nacional el proyecto minero Las Crucitas, en virtud que contraviene la legislación ambiental nacional e internacional.